After Hank: A Baja Election Dissection

Parties and candidates behave like junkies with suicidal tendencies. Their addiction to money, public or private, legal or illegal, results from the theory that in politics, anything goes. These electoral free-for-alls … feed latent social conflict and open up cracks through which organized crime continues to inject itself into public life.

The Diario de Yucatán (Mexico) editorializes on election reform in the aftermath of the Hank-Osuna contest in Northern Baja, endorsing the platform of a grassroots mobilization that blogs on the topic, the Comité Conciudadano para la Reforma Electoral.

You can know who runs it — John Ackerman’s name appears at the top of the list — and who sponsors it (and who sponsors them). Which is more you can say for some.

The Brazilian president was in Mexico this week doing biofuel — save your corn for tortillas, man — and Petrobras-Pemex deals, and gently suggested that Mexico might be better off having runoff elections in which you cannot seize the state without the consent of a simple majority of the governed.

Sensible enough proposition.

Voter turnout for Hank-Osuna was 45%.

Hank conceded, attributing his defeat to “voter apathy.”

Elecciones como las de Baja California provocan náusea e irritación, porque la guerra sin cuartel que acabamos de observar fue financiada en buena medida con dinero público, la pagamos nosotros. Ante realidades como esa adquieren actualidad las propuestas del “Comité Conciudadano para la Reforma Electoral”.

Elections like those in Baja California provoke nausea and irritation because the games without frontiers we have just witnessed were financed in good measure with public money. We paid for it. It is in the face of such realities that proposals like that of the Citizen Committee for Electoral Reform gain currency.

Más allá de quien ganara o perdiera en Baja California, es ofensivo el dispendio y el cinismo de gobierno, partidos, candidatos y sindicatos que violan las leyes locales sin que la autoridad electoral pueda o quiera imponer algo de orden. Como en 2006, Yucatán o Oaxaca, los comicios quedan manchados por el exceso de dinero, por la intervención de quienes gobiernan, por las campañas negativas y por esa ingeniería electoral, una disciplina en la que obtiene mención honorífica el sindicato magisterial.

Beyond the question of who wins in Baja, what is offensive is the waste and the cynicism of the government, the parties, the candidates and the unions, who violate local law without the elections authority being able or willing to impose some kind of order. As in 2006, in Yucatán or Oaxaca, the elections were stained by an excess of money, by government interference, by negative campaigning and by electoral engineering, a field in which the [Gordillo-led] teacher’s union distinguishes itself.

Lo peor es que buena parte del espectáculo fue pagado con dinero público. Y lo triste es que la reforma fiscal servirá para financiar ese tipo de elecciones.

The worst of it is that a good part of the show was paid for with public money. The sad part is that the fiscal reform will be used to finance this type of election.

Partidos y candidatos se comportan como adictos con tendencias suicidas. Su dependencia del dinero público o privado, legal o ilegal, es resultado de la tesis de que en política se vale todo. La discusión entre pragmatismo y principios es viejísima y no comparto las tesis de quienes presentan el realismo político mexicano como el único posible.

Parties and candidates behave like addicts with suicidal tendencies. Their addiction to money, public or private, legal or illegal, results from the theory that in politics, anything goes. The debate between pragmatism and principles is as old as the hills, but I do not share the thinking of those who argue that the Mexican brand of political realism is the only one possible.

No lo comparto porque veo a políticos y partidos comportándose como adolescentes desadaptados jugando a la ruleta rusa. Tienen conciencia de los riesgos pero no les importa; lo suyo es la adrenalina causada por participar aquí y ahora en todas las jugadas posibles. Olvidan tragedias históricas y lo cerca que estuvimos del abismo en 2006 para seguir coqueteando con el peligro.

I do not share that thinking because I see politicians and parties behaving like juvenile delinquents playing Russian roulette. They know the risks but just don’t care; theirs is the adrenaline rush of covering all possible bets. They forget the tragedies of our history and how close we came to the abyss in 2006 and just keep flirting with danger.

Por ningún lado se ve a los herederos de Jesús Reyes Heroles, Carlos Castillo Peraza o Heberto Castillo, quienes combinaban su pragmatismo con principios, visión de largo plazo y un sentido mínimo del decoro. Entiendo que mi punto de vista será descalificado en algunos círculos como “utópico” y será ubicado en el cajón de los buenos deseos. Sin embargo, es un razonamiento también fundamentado en un análisis de los riesgos a la seguridad causados por los encontronazos electorales: alimentan la conflictividad social latente y abren boquetes por donde se sigue metiendo el crimen organizado a la vida pública.

Nowhere do we see the heirs of Jesús Reyes Heroles, Carlos Castillo Peraza or Heberto Castillo, who combined pragmatism with principles, long-term vision and a minimal sense of decorum. I know that in some circles my point of view will be dismissed as “utopian” and written off as an exercise in good intentions. However, this line of reasoning is also based on an analysis of the security risks caused by these electoral free-for-alls: They feed latent social conflict and open up cracks through which organized crime continues to interject itself into public life.

Para documentar los vasos comunicantes entre narco y elecciones también serviría el caso de Zhenli Ye Gon. La urgencia de una reforma electoral realza la importancia del trabajo realizado por el “Comité Conciudadano para la Reforma Electoral”, una coalición plural de individuos y organismos —del cual formo parte— animado y coordinado por Clara Jusidman, una mujer de vocación democrática probada una y otra vez en las últimas décadas.

The case of Ye Gon will serve as a document of the channels of communication between the narcotraffic and elections. The urgency of electoral reform explains the importance of the work being done by the “Comité Conciudadano para la Reforma Electoral,” a pluralistic coalition of inviduals and organizations — of which I am a part — inspired and coordinated by Clara Jusidman, a woman whose vocation for democracy has been proven again and again in recent decades.

Esta agrupación de nombre curioso publicó la semana pasada un documento de trabajo que incluye una detallada relación de los cambios que se deberían hacer a las leyes para tener un marco que tome en cuenta a los ciudadanos y evite la conflictividad observada en los comicios.

This oddly-named group last week published a working document that includes a detailed relation of the changes that must be made to the laws in order to create a framework that respects the voter and avoids the conflict we saw in the elections.

Es un esfuerzo original porque ya incluye las modificaciones puntuales que se deberían hacer a todas y cada una de las leyes relacionadas con el tema.

This is an original effort, because it already includes the detailed amendments that should be made in each and ever piece of legislation on the topic.

De la Constitución a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sin olvidar, por supuesto, el código electoral.

From the Constitution to the federal law on the responsibility of public officials, not forgetting, of course, the Elections Code.

Comento dos de las reformas sugeridas (los interesados en revisar toda la propuesta visiten www.comiteconciudadano.blogspot.com).

I would like to comment on two of these reforms [read the rest on their Web site].

Transformar al Instituto Federal Electoral en Instituto Electoral Nacional que organice todas las elecciones, incluidas las de los estados. La recomendación reconoce el desgaste de los institutos electorales algunos de los cuales no inspiran confianza y le quitan certidumbre a los comicios.

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El Comité propone que las o los nuevos consejeros sean propuestos por la ciudadanía para ser aprobados por cuatro quintas partes de la Cámara de Diputados.

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Tener un solo órgano permitiría hacer ahorros considerables, profesionalizaría el trabajo y le daría más certidumbre a los resultados porque evitaría la dominación impuesta por algunos gobernadores al instituto electoral.

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El Comité también plantea una reducción en más del 50% al financiamiento público entregado a los partidos. Es urgente hacerlo porque el dispendio en que incurren tiene proporciones cada vez mayores. En 2006 los partidos políticos recibieron de la federación y de los estados 6,297 millones de pesos. El fenómeno se está agravando porque los montos crecen más en los estados que en la federación. Otra dimensión del desorden está en las transferencias ilegales que entidades públicas, empresas e individuos hacen a las campañas.

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El exceso de dinero ha corrompido la relación de los partidos con la ciudadanía porque los más pobres esperan regalos de los candidatos, ha alterado la relación con los medios porque éstos presionan para llevarse la parte más generosa de los financiamientos públicos y ha degradado su vida interna porque son dominados por burocracias decididas a defender los financiamientos y a utilizar a la institución para ocupar cargos públicos con salarios muy superiores a los que se obtienen fuera de la política.

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El dinero ha transformado a los partidos en un lastre de la democracia y reducir el monto los forzaría a una reforma interna que los acercaría a sus militantes y ciudadanos.

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En las condiciones actuales las elecciones han dejado de ser motivo de jolgorio y forman parte de los grandes problemas nacionales. Son sucias, son caras y son nocivas para la democracia. Tan urgente es la reforma fiscal como la reforma electoral y el Comité Conciudadano ha puesto un referente que permitirá contrastar las propuestas de los partidos para la reforma electoral que podría aprobarse en los próximos meses.

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La miscelánea El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sigue atrapado en la desorganización y la burocratización. En mayo dijeron que la Convocatoria 2007 del “Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional” (Repatriación y Retención) sería emitida a principios de julio. Estamos en agosto y ahora dicen que “probablemente se publique en el transcurso de este mes”, aunque quién sabe por qué aún no tienen “una fecha exacta”. En asuntos de ciencia y tecnología ya estamos bien rezagados frente al mundo y los pocos recursos disponibles los retrasan. ¿Para eso querían el poder los panistas?— México, D.F.

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Federal district elections commissioner Eduardo Huchim May wrote in 2003:

Otro problema también vinculado al dinero y los partidos es el financiamiento ilegal. Esta ilegalidad no se vincula sólo al dinero sucio que puede llegar a los partidos, sino también al dinero de origen legítimo que, sin embargo, llega a los partidos en forma irregular y, en consecuencia, se convierte en recurso de origen ilegal. En esta situación pueden estar las aportaciones de los empresarios que simpatizan con un determinado partido y que entregan cantidades que exceden los límites fijados para los simpatizantes o que proceden directamente de las arcas de las empresas.

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Me explico con un ejemplo en desarrollo: En los llamados videoescándalos se vio a un empresario haciendo aportaciones presumiblemente para las campañas de un partido político. El empresario, Carlos Ahumada, entregó los dineros a dos personajes, René Bejarano y Carlos Ímaz, quienes habrían de ser candidatos primero y después diputado y jefe delegacional, respectivamente. La cifra más baja que se mencionó en las entregas a Bejarano fue de 45 mil dólares, es decir aproximadamente 450 mil pesos conforme a la paridad de entonces.

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Pues bien, esas aportaciones fueron ilegales por necesidad. Si se las quiere caracterizar como donaciones de una empresa, resultan ilegales porque, conforme a la ley, una persona jurídica no puede hacer aportaciones a un partido político. Si se las quiere caracterizar como aportación de un simpatizante, también es ilegal porque rebasa el límite anual fijado. En el caso concreto, el límite es de 104 mil pesos, de suerte que la cifra más baja mencionada, 450 mil, cuadruplica el límite anual.

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